Corte de Valpo. respalda que Ministro de Cultura entregue información pública que sustente dichos contra funcionarios

Desde que asumió el nuevo gobierno se hicieron frecuentes los cuestionamientos por desorden administrativo en los distintos servicios públicos, proveniente de la administración anterior. Algunos de estos cuestionamientos también apuntaban a funcionarios públicos y trabajadores a honorarios y se esgrimió como argumento para un cerrar diversos programas y desvincular a gran cantidad de personal. El Ministro de Cultura, Luciano Cruz Coke, también dirigió sus dardos contra funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNA), pero la Asociación de Funcionarios le asestó un golpe importante: le exigió que aportara la información pública que fundamentaba sus dichos, petición que fue respaldada por el Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo cual sienta un importante precedente en cuanto a la ligereza con que las autoridades podrán seguirse refiriendo a sus subalternos.

Tal como consigna el Diario La Nación, en entrevista aparecida el 18 de Julio de 2010 el Ministro afirmó que la deuda existente en el CNA se decía “A un enorme desorden administrativo con malas prácticas, a que había departamentos programáticos que no funcionaban de cuerdo a los departamentos de planificación y de administración, a un voluntarismo enorme por parte de las autoridades anteriores por lograr programas con la buena intención de sacarlos adelante, pero pasando por encima el orden administrativo lógico, a malas costumbres funcionarias y falta de profesionalización de quienes estaban a cargo, había áreas donde no había profesionales idóneos, había falta de liderazgo importante y problemas de carácter político.”

El 17 de Agosto de ese año, la Asociación de funcionarios del CNA (ANFUCULTURA) exigió al Ministro que justificara sus dichos. Frente a la negativa del Ministro, el 30 de Agosto la asociación recurrió al Consejo para la Transparencia, entidad que el 24 de Noviembre (C-588-2010) “consideró procedente y ajustado a derecho” requerir al CNA que entregara “la información de aquellos actos administrativos, o de gobierno, sus documentos y/o antecedentes que le sirvieron al Ministro Presidente para expresar lo indicado en la entrevista que concedió al Diario La Nación, el 18 de Julio de 2010, y que, en caso que no los posea o éstos no existan, informe tal circunstancia a la requirente, en cuyo caso se confirmaría que simplemente constituyeron apreciaciones de la autoridad, que no tienen sustento en antecedentes, actos administrativos o de gobierno.”

El Ministro no se conformó con la decisión del Consejo e interpuso reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que el 7 de Julio de 2011 lo rechazó, fundado en que “toda información que obre en poder de los órganos de la administración es pública, a menos que esté sujeta a excepciones, cuyo no es el caso” (Rol Nº 2067-2010).

La sentencia de la Corte daba al Ministro un plazo de 10 días para entregar la información solicitada por ANFUCULTURA.

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