Corte Suprema niega aplicación de tutela laboral y pone en jaque protección de derechos fundamentales de trabajadores del sector público

La Reforma Laboral introdujo un procedimiento especial para tutelar algunos derechos fundamentales de los trabajadores. Pero, según la Cuarta Sala de la Corte Suprema, éste no se aplicaría a todos los trabajadores: acaba de resolver que no protege a los funcionarios a quienes se pone término anticipado a sus contratas con vulneración de derechos fundamentales y es posible que lo mismo afirme respecto de los funcionarios de planta y el personal a honorarios. La aplicación de la tutela a prácticas antisindicales o vulneración de otros derechos fundamentales cometidas durante la relación laboral también está en duda.

El 5 de Octubre, la Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el Fisco contra una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que ratificaba la sentencia de primer grado que acogió demanda de tutela y condenaba al estado a indemnizar a un funcionario a contrata a quien el año pasado se puso término a su designación antes del término originalmente previsto para ello (C.S. Rol Nº 1971-2011). Para ello, la Corte recurrió al mismo argumento que la Contraloría General de la República utilizó para evitar que se declarara la “nulidad de despido” de todos aquellos funcionarios públicos que eran despedidos sin que sus cotizaciones estuvieran al día (situación muy común en las Municipalidades): que el Estatuto Administrativo regula “todo” lo relacionado con las contratas y especialmente su término, lo que impide aplicar en forma supletoria el Código del Trabajo, con sus procedimientos y sanciones (Dict. 36.909 de 6 de Julio de 2010). A ello agregó otro argumento de la Contraloría: que el propio artículo 485 del C.T. (el base de la acción de tutela) remite su aplicación sólo se aplica a trabajadores del sector privados (Dictamen Nº 47.790 de 18 de Agosto de 2010).

Sin embargo, ninguno de estos argumentos satisface adecuadamente los “test” de “ausencia de regulación” y de “incompatibilidad de regímenes” que el artículo 1 del C.T. establece a objeto de determinar la aplicación subsidiaria de sus disposiciones, ya que la tutela de derechos fundamentales no está especialmente regulada en el Estatuto Administrativo u otros estatutos especiales ni es realmente incompatible con ninguno de ellos  (para una opinión contraria a los argumentos señalados por la Contraloría y la Corte, ver trabajo anterior: Despidos en el sector público: aplicabilidad del procedimiento de tutela laboral).

Así las cosas, el trabajador que se vea afectado por el término anticipado de su contrata, y considera que la decisión es discriminatoria o vulnera otros derechos fundamentales, sólo podría interponer un recurso de protección (por cierto, todos rechazados por la Corte Suprema) o una reclamación ante la Contraloría General (guardián por excelencia de los intereses del estado). ¡Para qué hablar de una demanda civil ante un Juez Civil! (gran gasto de tiempo y recursos, con incierto resultado). En tanto, los funcionarios de planta y contratados a honorarios no se encontrarían en un mejor pie, pues respecto de ellos también se afirmará que el Estatuto Administrativo o el Convenio respectivo regulan íntegramente el término de su labor, lo cual haría improcedente la aplicación subsidiaria del Código del Trabajo y consecuentemente la acción de tutela.

Pero las cosas pueden ser aún peores ya que los dictámenes de la Contraloría niegan por completo la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos (planta y contratas) y personal a honorarios, por lo que no sólo estarían impedidos de acudir a él para impugnar vulneraciones de derechos fundamentales cometidas contra ellos al término de su labor sino que tampoco podrían hacerlo para protegerse de aquellas cometidas por los órganos del estado o sus agentes durante el desempeño de sus labores (¿ni siquiera prácticas antisindicales?). Según la Contraloría,  la tutela sólo sería aplicable a los trabajadores que los órganos del Estado contrataren por el Código del Trabajo, lo que en buena cuenta quiere decir que una pequeña fracción del personal de la administración pública contaría con un procedimiento eficaz para la protección de sus derechos fundamentales.

Esto genera un verdadero manto de impunidad en torno en torno a los actos de la administración que vulneren derechos fundamentales de sus trabajadores,  infringiendo el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a los estados a reconocer y garantizar a sus ciudadanos el derecho a un recurso judicial efectivo, sin el cual los derechos se tornan absolutamente ineficaces.

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