El TC lo dijo: el cumplimiento de las sentencias de los tribunales laborales no es voluntario, aunque se trate de un empleador

*** Por Daniela Marzi.- Parece evidente pero no lo es. ¿Qué hace que la sentencia de un tribunal no sea el mero símbolo de que a una parte se le encontró razón y a la otra no? Más allá del triunfo moral, las sentencias son obligatorias para quienes intervienen en el juicio y tienen que cumplirse, incluso por la fuerza, al punto que si un empleador se niega a acatar el fallo, el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil autoriza a los jueces a ordenar su arresto. Eso fue lo que le ocurrió al representante legal de una empresa que fue condenada por prácticas antisindicales y -en virtud del artículo 294 del CT- se le ordenó reincorporar a los trabajadores despedidos pero se negó a hacerlo; ante su contumacia, un Juez Laboral de Rancagua ordenó su arresto y la empresa solicitó al Tribunal Constitucional que declarara la inconstitucionalidad de ambas normas para, así, evitar cumplir con el fallo. Después de meses análisis, el TC refrendó la norma, con lo que a la empresa no le queda más que un camino: reincorporar a los trabajadores (Rol Nº 1971-11-INA). No todo se resarce con dinero. Tampoco los fueros. Tampoco la libertad sindical. Tal vez sea esto último uno de las principales lecciones del fallo.

¿Quiénes gozan de fuero? (a) La trabajadora madre (artículo 201 CT); (b) la reciente reforma procesal laboral incluyó, dentro del nuevo proceso de tutela de derechos fundamentales, el derecho a reintegro en casos de despido calificados judicialmente como discriminatorios graves (artículo 489 inciso 4º CT), en caso que así lo elija el trabajador; y, (c) finalmente, trabajadores en ciertos supuestos relacionados a violación de la libertad sindical, a saber: los que concurren a la formación de un sindicato (artículo 243 CT); las más altas mayorías relativas de la directiva sindical, de acuerdo al criterio establecido por el  artículo 235 CT; los candidatos a directores (artículo 238 CT); los que se encuentren en proceso de negociación colectiva reglada (artículo 309 CT) y los integrantes de la comisión negociadora (artículo 310 CT).

Al margen de estos supuestos de fuero legal,  procede también el reintegro en la figura del despido antisindical. Si por sentencia el juez establece que el motivo del despido de un trabajador sin fuero, constituye una conducta atentatoria a la libertad sindical, deberá ordenarse su reincorporación (artículo 294 CT). La otra posibilidad de que proceda la reincorporación, es la norma cuya declaración de inconstitucionalidad se solicitó al TC: el artículo 292 señala que, si una práctica antisindical hubiese implicado el despido de un trabajador amparado por el fuero establecido en los artículos 221, 224,229,238, 243 y 309, el juez deberá disponer su inmediata reincorporación.

Es decir, sólo casos en que se ven vulnerados derechos fundamentales: libertad sindical, tutela de la maternidad y derecho a la no discriminación.

¿Cuál es el problema entonces? Que el reintegro rompe la lógica de que las ilegalidades se reparan con dinero, en otras palabras: el que se puede comprar el derecho a ir en contra del ordenamiento jurídico. Y es eso lo que pasa al menos con el sistema indemnizatorio previsto para los despidos, en todos los casos en que se determine que no había causa legal que lo justificara (pagar un mes por año más con tope de 11 meses más el recargo  legal que corresponda según el artículo 168 CT).

El TC, para alegría nuestra, junto con declarar constitucional el artículo 292 del CT nos entrega además afirmaciones de alta valoración del trabajo en nuestra sociedad “De esta forma, debe reiterarse lo razonado en la ya citada sentencia Rol Nº 1852, en orden a que ‘la protección constitucional del trabajo del artículo 19 Nº 16 de nuestra carta Fundamental no se limita a garantizar la libertad de elección y de contratación laboral, sino que, al incluir la garantía constitucional el reconocimiento expreso a la libertad de trabajo y su protección, la Constitución extiende la protección al trabajo mismo, en atención al compromiso inseparable de respeto a la dignidad del trabajador en la forma en que efectúa su labor y a la ineludible función social que cumple el trabajo’” (considerando noveno párrafo tercero). Lo que fundamenta y hace perfectamente proporcionado que esos trabajadores puedan volver a los puestos de los que fueron separados no sólo sin una causa legal sino atentando en contra de su derecho a la libertad sindical.

Despedir a un trabajador constituye la máxima manifestación de poder que tiene un empleador, por lo tanto, declarar la nulidad de ese despido y obligar a reincorporar al trabajador significa que el Derecho cumple entregando una respuesta igualmente potente, cuyo objetivo es meterse en la empresa, y significar que dentro de los lugares de trabajo rige el Derecho como en todos lados. Si el que el Derecho nos obliga a todos fuera evidente, este caso no habría existido, pues ¿Qué de menos relevante tiene una sentencia en que se ordena reincorporar al trabajador, que permitiera que su cumplimiento quede a la buena voluntad del empleador vencido en juicio?.

Naturalmente, el que el tribunal se valga del arresto como apremio, que es  una medida que está en el Código de procedimiento civil (art. 238) y hasta ahora a nadie había parecido molestarle, no tiene nada que ver con la prisión por deudas, primero, porque acá es precisamente lo contrario, no se está permitiendo zafar pagando ni tampoco se le está apremiando porque no puede pagar, sino que se le pide algo distinto: que restituya el puesto de trabajo y se le apremia porque no es que no pueda sino porque no quiere cumplir. Y, segundo, porque es importante que las órdenes de los tribunales sean acatadas y cumplidas por los ciudadanos, y valga decirlo de nuevo: incluidos los empleadores, o como dice el TC, más aún si lo que está en juego  es  trabajo y libertad sindical.

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