Sin necesidad de Ley especial, Tribunal Laboral da duro golpe al Multirut y reconoce derechos de afiliación y negociación colectiva

Un Sindicato no podía afiliar y representar a todos los trabajadores de la empresa. ¿La razón? Estaba dividida en 8 razones sociales: 7 de ellas se dedicaban a labores de “ingeniería” mientras que la otra les prestaba servicios exclusivos de “outsourcing”, en supuesto régimen de subcontratación, curiosamente sin ejercer los derechos de información, retención y pago. Debido a ello, el sindicato demandó a todas las razones sociales alegando que constituían una unidad económica y habían incurrido en subterfugio laboral. Como era de esperarse, las demandadas defendieron su “individualidad” diferenciada, alegando que se constituían empresas distintas y que el Sindicato pretendía abordar una materia que no estaba regulada, porque aún se encontraba en trámite el proyecto de ley que regula el multirut. Pero el Tribunal Laboral acogió la demanda, determinando que 6 de las razones sociales constituían una unidad económica y habían incurrido en subterfugio laboral, y que el Sindicato puede afiliar a cualquiera de sus trabajadores –presentes o futuros- y representarlos en los procesos de negociación colectiva. 

La sentencia del Juez Laboral (RIT O-1601-2011 del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago) es importante por varios aspectos. En primer lugar, es la primera vez que una sentencia declarativa reconoce una “unidad económica” en derecho colectivo del trabajo, específicamente en materia de afiliación sindical y negociación colectiva. Segundo, reconoce lo anterior sin necesidad que se dicte una ley especial que modifique el concepto de empresa del artículo 3 del Código del Trabajo o regule el “multirut”, pues eso es posible abordarlo a través de la norma sobre subterfugio laboral del artículo 507. Y tercero, que sólo basta un resultado perjudicial -para los derechos individuales o colectivos de los trabajadores- para que se verifique un “subterfugio laboral”, es decir, no se requiere de una intencionalidad o dolo.

Ojalá los parlamentarios lean esta sentencia y la tengan en cuenta mientras negocian una fórmula legal para “regular” el multirut. Y decimos “regular” porque el el proyecto de ley presentado por el Gobierno NO LO ELIMINA.

Párrafos destacados del fallo:

  • La circunstancia hecha valer por las defensas en cuanto a que la actual tramitación de un proyecto de ley que aborda el fenómeno postulado en la acción como causa de pedir y conocido como multirut, vendría a significar precisamente la ausencia de norma positiva que sustente la acción, desatiente entonces la consideración indispensable a la norma vigente anotada (507) y, olvida además, que la pretensión legislativa para regular los alcances abusivos que la práctica de organización empresarial que recurre a la división elusiva de las obligaciones laborales, en buena parte tiene que ver con la ineficacia que la propia jurisdicción ha dado a la norma del artículo 507, la que inaplicada en los hechos para la finalidad prevista por el legislador hacia el año 2001, con todo, es norma vigente, presupuesto de derecho suficiente de la acción. (página 82)
  • No obstante la debilidad legislativa anotada por LOPEZ FERNÄNDEZ, y a la que ya se hiciera referencia en el acápite de esta sentencia que descarta que la acción pudiere situarse en terreno de lege ferenda, la norma del artículo 507 tantas veces citada, constituye un límite  normativo objetivo a la descentralización productiva y en lo que hace a la división de la empresa en diversas sociedades formalmente independientes al amparo del artículo 3 del Código del Trabajo, tipifica un ilícito de resultado al considerar en el concepto de “subterfugio” al establecimiento de  razones sociales distintas, la creación de entidades legales, la división de la empresa u otras “que signifiquen para los trabajadores, disminución o pérdida de derechos laborales individuales o colectivos en especial, entre los primeros, las gratificaciones o las indemnizaciones por años de servicios y entre los segundos el derecho de sindicalización o a negociar colectivamente. (página 84)

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