La batalla judicial que Coca Cola libra para no “internalizar” trabajadores

Coca Cola opera en Chile a través de la razón social “Embotelladora Andina S.A.” (EASA) Esta “contrata” a su filial “Transportes Andina Refrescos Limitada” (TAR) para que transporte sus productos, labor que esta delega a su vez en varias empresas contratistas. Pero detrás de la apariencia del trabajo en régimen de subcontratación se esconde un fraude laboral: los peonetas de las contratistas prestan servicios bajo subordinación y dependencia directa de EASA y TAR. No hay subcontratación sino simulación, y Coca Cola no es mandante sino empleador. Así lo estableció un juez laboral y lo ratificó una Corte de Apelaciones. La empresa de gaseosas recurrió al Tribunal Constitucional pero éste rechazó su requerimiento. Ahora juega sus últimas fichas ante la Corte Suprema.

Con la entrada en vigencia de la ley 20.123 sobre trabajo en régimen de subcontratación y suministro de personal quedó claramente establecida la diferencia entre ambas figuras jurídicas: en la primera se subcontrata una determinada obra, faena o servicio, y en la segunda lo que se subcontrata es fuerza de trabajo, es decir, trabajadores que son puestos a disposición de un tercero para que presten servicios bajo su subordinación y dependencia. En consecuencia, en el trabajo en régimen de subcontratación las empresas mandantes no pueden ejercer poder de mando y dirección sobre los trabajadores (impartir órdenes y controlar cómo realizan el trabajo, ordenar despidos), y si lo hacen, se entenderá entonces que existe relación laboral entre ellos (artículo 183-A) y una simulación (artículo 507) destinada a encubrirla. En ese caso, los trabajadores tienen derecho a solicitar que se declare que la mandante es su verdadero empleador (lo que coloquialmente se ha denominado como “internalización”).

Eso es lo que hicieron 9 sindicatos de trabajadores afiliados a la Federación Nacional de Sindicatos de Peonetas Coca Cola y Ramos Conexos (“Fenasipec”). El año 2008 demandaron a EASA y TAR solicitando se declarara que constituían una sola empresa, que habían incurrido en suministro ilegal de trabajadores y simulación, y se las condenara a “internalizar” a todos los trabajadores asociados a sus sindicatos. Después de 2 años de juicio, el Segundo Juzgado del Trabajo de San Miguel acogió la demanda (sentencia de 26 de Octubre de 2010, Rol Nº 122-2008), sentencia que el año pasado fue confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel (sentencia de 4 de Julio de 2011, Rol Nº 462-2010). Refiriéndose a la estructura organizacional de la empresa de gaseosas, la Corte estableció que “en lo medular se ha dado por comprobado que… se ha tratado de una aparente construcción ajena a la realidad  de la vinculación que tenían los mismos trabajadores con las demandadas”, y que “EASA” y “TAR” actuaron en realidad como empleadores directos de aquellos trabajadores, simulando la contratación de éstos a través de las empresas contratistas”.

Como era de esperarse, la compañía de gaseosas recurrió ante la Corte Suprema (Rol Nº 7856-2011) pero con una variación estratégica: antes que la Corte conociera el fondo del recurso, decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional (Roles Nº2083-11-INA y 2084-11-INA) para que declarara la inconstitucionalidad del artículo 183-A de la Ley 20.123, fundamento normativo directo de la obligación de “internalización”, alegando que la norma violaba el principio de “autonomías sociales”, su derecho al libre ejercicio de actividades económicas y su derecho de propiedad (los abogados de la compañía pensaron que, si el TC acogía su requerimiento, la Corte Suprema debería revocar la orden de internalización). Sin embargo, las cosas no resultaron como lo esperado.

En efecto, el 18 de Octubre de 2011 el TC declaró que los recursos de inaplicabilidad interpuestos por EASA y TAR eran inadmisibles. ¿La razón? Un error de interposición del recurso: “se ha impugnado sólo uno de los artículos que motivaron lo resuelto en ambas instancias” (el artículo 183-A), en circunstancias que también debió haber impugnado los artículos 3 (concepto de empresa) y 507 (simulación). Pero a ello agregó un aspecto de fondo: “la concurrencia de los requisitos de hecho para determinar el empleador, la calificación jurídica y el  examen de los presupuestos que condicionan la identidad de la empresa para efectos laborales en el marco del régimen de subcontratación, corresponden a la órbita exclusiva de los jueces de fondo”. En otras palabras, deja asentado que las empresas no pueden recurrir al TC para que determine la existencia o inexistencia de relación laboral y si una o más empresas conforman una sola empresa para efectos laborales, pues eso es un asunto que debe ventilarse ante los tribunales ordinarios.

Luego de 3 sentencias en contra, Coca Cola ha quedado en un mal pie en su estrategia judicial para negar su calidad de empleador de los peonetas que descargan sus productos. Pero, como siempre, la Corte Suprema tiene la última palabra.

Un comentario de “La batalla judicial que Coca Cola libra para no “internalizar” trabajadores

  1. Un saludo a Fenasipec y espero que se avance en por lo menos la punta del iceberg de Coca Cola ya que EASA y TAR no son las únicas razones sociales de esa patronal. Hay otras que cubren a los vendedores y a quienes hacen servicios en la máquinas expendedoras.
    No soy muy optimista frente a los fallos de la Exelentisima Corte Suprema pero hay que colocar las cosas por su nombre. Los peonetas, conductores, vendedores, tecnicos y demases encubiertos por RUTs de exóticos nombres, son Trabajadores de Coca Cola en Chile y no hay más

    Saludos de
    José Hernán Cortés
    Presidente
    Sindicato de Trabajadores empresa Patroll (SITEP)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Please copy the string HT4AWk to the field below: