Comunicado Red de Formación Sindical 1º de Mayo de 2012

Nos encontramos en tiempos en que se está reconociendo la verdad de lo que experimentan las personas en sus vidas cotidianas, circunstancias que se han dado a conocer de forma masiva por medio de sus movilizaciones sociales organizadas y un esfuerzo comunicacional en base a un uso inteligente de los redes sociales. Nada de esto ha sido una concesión desde arriba. El análisis de lo que ha pasado en las materias claves del trabajo, sólo permiten concluir que la protección del trabajo que el Estado debe brindar por mandato constitucional (artículo 19 Nº16), ha sido una gestión simplemente intrascendente. Así:

1.- Desde el accidente de la Mina San José no se ha cambiado ninguna norma sobre seguridad laboral. Ni respecto de los accidentes del trabajo pero tampoco de las enfermedades profesionales que padece cada sector. En Chile no existe un registro certero de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que nos hace tener sospechosas cifras muy inferiores a países como Canadá y Finlandia, pero sin tener sus políticas sociales. (Informe de la Comisión de la CUT “SOBRE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES”, de 10 de noviembre de 2010). Los Convenios OIT sobre la materia: C155 sobre seguridad y salud de los trabajadores (1981), la Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores (1981), no ratificados por Chile; y, el C187 sobre marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo (2006), recién ratificado el 27 de abril de 2011, exigen la participación de los trabajadores en la regulación de estas materias, sólo en ellos está el conocimiento exacto de cuáles son sus riesgos al trabajar.

2.- Tampoco se ha modificado la legislación sobre el derecho de huelga. Mucho se ha dicho que si antes del “accidente de la mina” se hubiese protestado por sus condiciones de seguridad por medio de la huelga, esta habría sido ilegal. El derecho de huelga dentro del procedimiento de negociación colectiva, es un caso regulado pero no por eso el único lícito dentro del Derecho. Por lo demás, se trata de un caso mal regulado, pues admite el remplazo de trabajadores en huelga, (artículo 381 del Código del Trabajo). La razón por la que la huelga reequilibra el poder negociador es porque interrumpe la producción. Eso en Chile no sucede, en nuestro país no existe derecho de huelga.

3.- Salario mínimo: en materias de retribución, la que según la Constitución de 1980 debe tener la calidad de “justa”, su forma de determinación es un mínimo común sin considerar ningún criterio respecto a el lucro del sector productivo del que se esté hablando o de los riesgos a que exponen a los trabajadores. Pareciera que ahí ya no nos gusta la “flexibilidad”, que significa dar reglas ajustadas a las características productivas de los sectores concretos cuando haya necesidades que así lo justifiquen. No significa despedir rápido y barato. El problema, es que no se negocia fuera de la empresa y con ello, los trabajadores no inciden con verdadero poder en la determinación de sus salarios y, con ello, nuevamente se vulnera la normativa internacional, pues ésta exige participación de las organizaciones de trabajadores en la fijación del salario mínimo, (Convenio 26 de 1928, ratificado en 1935).

Los trabajadores exigen su derecho a participar de la construcción de las reglas por las que se van a regir. Y esa participación significa que se cambie la legislación laboral de la dictadura, que impide la creación de organizaciones sindicales en el seno de las cuales los trabajadores discuten sus realidades y adquieren la fuerza para hacer valer sus planteamientos. La huelga es una forma civilizada de requilibrar el poder negociador. Bastaría que esa tecla se tocara para que pudieran generarse mesas negociadoras en que se debata con un alto nivel de racionalidad y que permitan construir una democracia robusta, solidaria y justa. ¿Quién puede entregar más racionalidad en un debate que las personas que conocen directamente de las realidades que se están decidiendo?

Coordinación

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