Starbucks: el fracaso de las sanciones previstas

*** Por Daniela Marzi.
Con algo de exageración, leíamos la semana pasada que la Corte Suprema le habría dado “un nuevo golpe” a la cadena de café Starbucks, ante sus prácticas antisindicales[1]. Más bien lo que hizo fue de descartar la admisibilidad del recurso de unificación interpuesto por la empresa (RIC 6787-2012)[2], pues no se habrían indicado las “distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia” (artículo 483 del Código del Trabajo)”, (considerando segundo), que hacen procedente la unificación.

Esta decisión de la Corte Suprema, significó dejar firme la anulación por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago (RIC 554-2012)[3], del fallo de la magistrada Vivianne Morandé Dattwyler, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad. La jueza, a diferencia de sus colegas del segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, había absuelto a la empresa por prácticas desleales durante la negociación colectiva (RIT S- 79- 2011).

La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que en esta sentencia se había omitido el análisis de toda la prueba rendida (artículo 478, literal e) del Código del Trabajo), lo cual viciaba la decisión de la magistrada, quien consideró que no se había acreditado suficientemente los hechos denunciados. En ese sentido, vale la pena ver el fallo de la Corte y su revisión y análisis de las conductas antisindicales acreditadas en contra de la empresa, que habían merecido sólo el silencio de la jueza Morandé.

Importante es que el Tribunal Superior haya destacado que la regla de distribución de la carga probatoria es la indiciaria (artículo 493 del Código del Trabajo), lo cual para la Corte significa “provocar al menos la sospecha de que efectivamente ha existido la lesión de derechos que se alega”, cosa que el sindicato habría alcanzado sobradamente, y que el demandado sea quien deba “lograr explicar satisfactoriamente los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”, cuestión que la empresa no hizo, (considerando primero de la sentencia de reemplazo).

Al declararse inadmisible el recurso de unificación contra esta sentencia, la empresa fue condenada a una multa ascendente a 150 UTM por cada uno de los cuatro hechos discriminatorios expresados y como reparación, la suscripción de un contrato colectivo con el sindicato denunciante, cuyas cláusulas deberían contener todos los beneficios que la empresa había reconocido otorgar a sus trabajadores individualizados en el documento que  envió a sus trabajadores, denominado “Folleto de compensación total de diciembre de 2010”.

La aplicación de todas las sanciones a la mano.

La Corte de Apelaciones, registró además, el que la empresa había sido condenada en dos oportunidades anteriores por prácticas antisindicales: la primera, correspondiente a la causa Rol Nº S-32 del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, en la que fue sancionada mediante sentencia de fecha 17 de agosto de 2011, y la siguiente, del mismo tribunal, Rol Nº S- 39-2011, en la que la empresa fue también condenada por fallo de fecha 4 de junio de 2012.

Esta alusión a la historia es significativa porque en todos  esos fallos, las juezas Paola Díaz y Lorena Flores, respectivamente, condenaron, además de a las multas, a cosas tales como que la empresa publicase en un diario de circulación nacional declaraciones del siguiente tenor: “La empresa Starbucks Coffee Chile S.A. SE OBLIGA a respetar el derecho a la libertad sindical de sus trabajadores, en cuanto este derecho implica la libre afiliación a la organización sindical que estimen y el derecho a negociar colectivamente, con pleno respeto de la normativa nacional y los Tratados Internacionales sobre la materia, ratificados por Chile, comprometiéndose desde ya que cualquier atentado contra tales derechos al interior de sus locales, efectuado por cualquiera de sus gerentes de tienda o de distrito o cualquier personal de la empresa, será debidamente investigado y sancionado si correspondiese”; o que enviasen comunicaciones de los trabajadores en que manifestaran su compromiso de respetar la libertad sindical, capacitaciones para sus  gerentes de distrito, etc.

Es decir, de cierta forma reparaciones que apuntan a promocionar el respeto a los derechos, en este caso, fundamentales como lo es la libertad sindical y contrarrestar el mensaje contrario a ella que difunde en los lugares de trabajo nada menos que la empresa, es decir, quien ostenta el poder dentro de la relación laboral.

Se constata entonces que los  Tribunales han intentado conseguir que la empresa ajuste a derecho sus prácticas, con sanciones de pagar una suma determinada de dinero y aquellas vinculadas a corregir conductas en el ejercicio de los poderes empresariales. Si nada de esto ha conmovido a la cadena de cafés, debe ser por algo.

Observaciones sobre la sanción de no poder hacer negocios con el Estado.

La Corte de Apelaciones de Santiago los llamó “reincidentes”, usando un lenguaje más próximo al del Derecho penal que al laboral. Al resaltar esto queremos simplemente compartir una reflexión. Los jueces que han condenado a Starbucks han usado todo lo que estaba a la mano, y en vista de los acontecimientos, nada  ha sido eficaz. Por lo mismo, no podemos evitar recordar la sanción de la prohibición de contratar con el Estado para las empresas que vulneren derechos fundamentales, incluida la libertad sindical (artículo 4 de  la Ley de bases  sobre contratos administrativos y de prestación de servicios Nº 19.886, introducida por la modificación de la Ley 20.338 de 19 de Enero de 2008). Esto es algo que afecta, obviamente, a quienes jueguen sus intereses en tratar con el Estado. No es el caso de la cadena de cafés.

Sin embargo, qué efectiva se muestra una norma que sancione, con fines de hacer más ético el funcionamiento del mercado, afectando un interés tan potente como poder participar dentro de él.

Es de esto de lo que se lamentaban las empresas, cuando plantearon la inconstitucionalidad de la norma, en sendos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, (TC)[4]. Literalmente consideraban que era lo peor que les podía suceder. El TC llamó a la calma, al recordarles que sólo quedaban fuera por un lapso determinado – dos años-  pero también justificó por qué esta sanción es plenamente constitucional. De un lado, lo inherente al Derecho del Trabajo, proteger a la parte trabajadora; en seguida proteger sus derechos fundamentales, todo lo cual prácticamente no debiera requerir mayor justificación. Aunque el TC la expuso al decir que su justificación se encuentra “en hechos objetivos, que suponen el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la protección de bienes jurídicos de particular valor que la Administración del Estado debe resguardar en forma especial”[5]. Finalidades a las que debe propender seriamente, explicitando su “objetivo de proteger más eficazmente los derechos fundamentales del trabajador”. Todo ello debido al “hecho de que, hoy en día, los derechos fundamentales no sólo tienen una dimensión subjetiva, sino que también, una naturaleza objetiva que los erige en la columna vertebral del ordenamiento jurídico positivo”[6]. En suma: ¿La finalidad y punto de equilibrio de la medida? El TC chileno al respecto explica: “la inhabilidad de que se trata persigue evitar la repetición de conductas lesivas a los derechos de los trabajadores, pero no impedir del todo el desarrollo de la actividad económica del empleador, que podrá seguir contratando con entes o personas que no pertenezcan a la Administración del Estado. Ésa es la razón de que la inhabilidad dure dos años”[7].

Se trata de una norma de orden público económico que tiene un fundamento adicional al de las sanciones laborales del artículo 489 del CT chileno y éste “se encuentra en la falta de idoneidad para contratar con la Administración” de quien infringe derechos fundamentales de sus trabajadores, “así declarado por una sentencia judicial ejecutoriada”[8].

La Corte de Apelaciones de Santiago, llamó reincidente a Starbucks. Lo que nos dice, en voz baja, es que no ha habido sanciones en el ordenamiento jurídico laboral, que detengan a esta empresa. Por ello, la norma de contratación pública y su cuestionamiento de constitucionalidad nos desliza una moraleja: las medidas que incidan en la capacidad de una empresa de seguir participando del mercado, son las verdaderamente eficaces, y eso es algo a lo que debiera prestar atención el legislador.


[2] Dictada por la cuarta sala de la Corte Suprema, formada por los Ministros señoras Gabriela Pérez P., Rosa Egnem S., los Ministros Suplentes señores Juan Escobar Z., Alfredo Pfeiffer R., y el Abogado Integrante señor Ricardo Peralta V.

[3] Dictada por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada por la ministra señora Pilar Aguayo Pino y la abogado integrante señora Claudia Schmidt Hott.

[4] Caso Nº 1.968-2011, de la empresa Starco, desestimado el 12 de mayo de 2012, por el voto de los Ministros Hernán Vodanovic, Marisol Peña, Enrique Navarro, Francisco Fernández, Carlos Carmona y Gonzalo García; y, el caso N° 2.133-2011, del Banco de Chile, que se encuentra pendiente

[5] Considerando décimo segundo.

[6] Considerando vigésimo noveno.

[7] Considerando trigésimo segundo.

[8] Considerando cuadragésimo tercero. Cabe anotar que el voto de minoría, de los Ministros Raúl Bertelsen, Enrique Navarro e Iván Aróstica, quienes estaban por acoger el requerimiento, le atribuyen a esta sanción una función “intimidatoria” de consecuencias excesivamente dañosas, por lo que manifiesta asumir que la considera, al igual que la empresa, las más fuerte que se le pueda aplicar, haciendo un cotejo con las otras que contempla el ordenamiento en la materia, incluida las penales.

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