**** por Cristian González. El 24 y 25 de agosto las movilizaciones diversas organizaciones sociales y política convocaron a un Paro Nacional… Bajo la consigan de “Chile puede ser distinto” se plegaron a la movilización organizaciones estudiantiles, trabajadores privados y por cierto los gremios del sector público.
Un Sindicato no podía afiliar y representar a todos los trabajadores de la empresa. ¿La razón? Estaba dividida en 8 razones sociales: 7 de ellas se dedicaban a labores de “ingeniería” mientras que la otra les prestaba servicios exclusivos de “outsourcing”, en supuesto régimen de subcontratación, curiosamente sin ejercer los derechos de información, retención y pago. Debido a ello, el sindicato demandó a todas las razones sociales alegando que
¿Ha sentido Ud. que el juez que le “tomó una audiencia” no fue imparcial? ¿Le instó en demasía a desistirse de su demanda porque con él “no iba a ganar”? ¿Le advirtió que sería inútil interponer un recurso de nulidad? ¿Lo amenazó incluso con condenarlo en costas? Y más aún, ¿ordenó el juez desconectar el registro de audio de la audiencia para decirle todo eso? Cada vez son más las quejas que se formulan contra magistrados que se pasarían de la raya e incurrirían en tratos a veces hostiles, agresivos e intimidatorios contra una de las partes, perdiendo la ecuanimidad e imparcialidad con que deben realizar su labor. Algunos lo harían durante la etapa de conciliación en la audiencia preparatoria (amparados en que las opiniones que formulen en esa etapa no constituyen causal de inhabilitación) y otros ordenarían suspender la audiencia o simplemente desconectar el registro de audio (lo cual está terminantemente prohibido por la ley) para decir lo que se les antoje sin dejar evidencia. Pero dos abogados no toleraron esto último y obtuvieron que la Corte de Apelaciones anulara un juicio en que enfrentaron a un juez que se excedió en sus facultades y que ahora arriesga sanciones disciplinarias. Ver fallo.
Quiénes tienen derecho al pago del sueldo mínimo sigue siendo motivo de controversia entre la Dirección del Trabajo y los tribunales de justicia. Grandes empresas se acoplan a la nueva doctrina de aquélla pero los últimos no avalan su cambio de criterio. En Argentina el tema ya está resuelto y aquí recién se está destapando la olla.
Tribunal Constitucional chileno declaró inconstitcional norma del Código del Trabajo que excluye los tiempos de espera de la jornada de trabajo de los choferes y auxiliares de la locomoión colectiva rural. Criterio podría extrapolarse a otros ámbitos.
Desde que asumió el nuevo gobierno se hicieron frecuentes los cuestionamientos por desorden administrativo en los distintos servicios públicos, proveniente de la administración anterior. Algunos de estos cuestionamientos también apuntaban a funcionarios públicos y trabajadores a honorarios y se esgrimió como argumento para un cerrar diversos programas y desvincular a gran cantidad de personal. El Ministro de Cultura, Luciano Cruz Coke, también dirigió sus dardos contra funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNA), pero la Asociación de Funcionarios le asestó un golpe importante: le exigió que aportara la información pública que fundamentaba sus dichos, petición que fue respaldada por el Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo cual sienta un importante precedente en cuanto a la ligereza con que las autoridades podrán seguirse refiriendo a sus subalternos.
Es habitual que los cajeros y personal encargado de recibir dineros tengan diferencias de cajas. A veces estas son positivas, pero la mayoría de las vaces son negativas. Generalmente son muy pequeñas pero otras son bien grandes. Y hay empresas que entregan asignaciones de pérdida de caja y otras que no. Walmart es una de ellas. Más encima, las descuenta de las comisiones futuras. ¿Cómo ocurre esto? Hace años la compañía introdujo en todos los Convenios Colectivos la cláusula “bono de estímulo de caja” (regula la comisión a que tienen derecho los cajeros por las ventas que realizan y los pagos de servicios que reciben), según la cual las diferencias negativas de caja deben ser asumidas por los trabajadores, restándose del monto de las comisiones a que tendrían derecho. Y si las comisiones del mes no alcanzaren, deben restarse incluso de las comisiones futuras. Por cierto, las diferencias positivas corresponden a la empresa. Pero este sistema ha sido cuestionado por los tribunales de justicia.
Cuando estalló la polémica por la dictación del Ord. 2314/038 de 6 de Junio (el cual eliminaba las asignaciones de movilización y colación de la base de cálculo de las indemnizaciones), la Directora del Trabajo subrogante justificó la decisión afirmando que “no tenía sentido alguno” mantener una interpretación “incompatible con la jurisprudencia unificada” de la Corte Suprema (). Tamaña justificación incurría en 2 errores importantes:
Otra de las irregularidades que se evidencia en Supermercados LIDER dice relación con la jornada de trabajo de los jefes de sección (de cajas, panadería, abarrotes, etc.): sus contratos de trabajo y el Reglamento Interno de la empresa establecen que, por la naturaleza de sus funciones, están dentro de los casos establecidos en el artículo 22 del Código del Trabajo y, por tanto, no corresponde que firmen registro de asistencia ni se les paguen horas extras. Sin embargo, la realidad es muy distinta pues, en la práctica, sí deben cumplir con un horario de trabajo, firmar un registro de asistencia (paralelo, no oficial) y en el ejercicio de su labor están sujetos al cumplimiento de las órdenes de sus superiores jerárquicos.
En Mayo de este año se interpuso la primera demanda de tutela de derechos fundamentales contra un organismo público, por los despidos que se han verificado en la Administración Pública desde el último cambio de Gobierno. Se trata del caso Riquelme y otros con Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el cual personas que prestaban servicios a contrata y a honorarios alegan que se puso término anticipado a sus designaciones y contrataciones por razones políticas.
El Código del Trabajo establece que los contratos a jornada parcial son aquellos cuya jornada semanal de trabajo no excede de 2/3 de una jornada ordinaria (30 horas), pero aclara que los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los contratados a tiempo completo. Como éstos tienen derecho a percibir al menos un sueldo equivalente al ingreso mínimo mensual (IMM), aquéllos también tendrán derecho a que se les pague el mismo pero en proporción a su jornada de trabajo. Ahora, pese a que la ley es clara en cuanto a que toda persona que trabaje desde 30 a 45 horas semanales debía considerarse trabajador a tiempo completo, varios empleadores han malinterpretado sus alcances, concluyendo que a cualquier trabajador que trabaje menos de 45 horas debe pagársele sólo una proporción del IMM, incluso aquellos que trabajan más de 30.
Ayer conocimos la noticia de una mujer musulmana que fue “discriminada” por los supervisores de la empresa de call center TP CHILE S.A., debido a su adscripción a la fe musulmana. Pero al conocer los detalles de la sentencia, el informe de fiscalización y las declaraciones de los testigos, nos enteremos que los hechos son más graves aún: la trabajadora fue apartada de sus compañeros de trabajo, se le prohibió hablar en su idioma y fue vilmente insultada; sus supervisores se referían a ella como “la perra musulmana”. La empresa, por su parte, hizo muy poco o nada para terminar con los vejámenes, y al final adoptó la estrategia de respaldar a sus supervisores y negarlo todo.
Actos como éstos nos llenan de profunda vergüenza, y nos llevan a expresar nuestra solidaridad con esta trabajadora y pedirle disculpas en nombre de todos, aunque las más necesarias sean, talvez, las disculpas de la propia empresa.
Este caso reafirma la importancia del procedimiento de tutela laboral y la nueva institucionalidad que, en cuestión de pocos meses, proporcionó (algún) resarcimiento a esta trabajadora. Con el “antiguo” sistema, habrían pasado años antes que la justicia viera luz en este caso.