Desde hace algunas semanas se han venido conociendo diversas denuncias por despidos masivos de funcionarios públicos. Mientras las autoridadesesgrimen razones de “racionalización” o “mal desempeño”, las asociaciones de funcionarios alegan que la verdadera motivación de muchos despidos la constituye la afiliación política de los trabajadores. De ser efectivo esto último, el Estado podría afrontar un escenario judicial complejo
